Data quietly posted online show level was 31% over state’s action level
Lindsay, California — Newly posted state air monitoring data reveal that the average annual level of the fumigant pesticide 1,3-dichloropropene (1,3-D) near the Fresno County town of Parlier reached 0.35 parts per billion (ppb) in 2025 — 31% above the 0.27 ppb “action level” set by the California Department of Pesticide Regulation (DPR) as the trigger for further review and mitigation. DPR posted the results on its website with no public notice, and has yet to disclose the exceedance to the community or announce the follow-up review, as required by its own regulations.
“Once again, DPR is sitting on bad news instead of telling the people breathing this air,” said Angel Garcia, co-director of the statewide coalition Californians for Pesticide Reform. “The Department loves a press release when a number goes down. When a number blows past their own safety trigger, they bury it in a spreadsheet and hope nobody notices. That’s not regulation — that’s public relations for the pesticide industry.”
DPR’s Air Monitoring Network tracks 1,3-D at six sites across the state. Four of the six monitored communities saw annual average levels rise in 2025 over the prior year:
- Parlier (Fresno County): 0.16 ppb → 0.35 ppb (59% → 131% of the action level)
- Delhi (Merced County): 0.11 ppb → 0.16 ppb (40% → 58% of the action level)
- Santa Maria (Santa Barbara County): 0.04 ppb → 0.07 ppb (15% → 25% of the action level)
- Watsonville (Santa Cruz County): 0.03 ppb → 0.07 ppb (10% → 28% of the action level)
1,3-D is classified by the state of California as a human carcinogen and Toxic Air Contaminant. DPR established the 0.27ppb annual action level specifically as an early-warning threshold — a level meant to trigger review and consideration of mitigation. Parlier residents, especially those near the monitoring site, were breathing air that exceeds that line, in a community already overburdened by agricultural chemical exposure.
Concerns are compounded by the fact that DPR’s trigger for review of 0.27 ppb is almost 7 times higher than the 1,3-D Cancer No Significant Risk Level (NSRL) set by OEHHA, which is equivalent to 0.04 ppb. Annual and longer-term air levels at some of these monitoring sites exceed the NSRL many times over.
Under its own regulatory framework, DPR is required to follow up when the action level is exceeded. As of this release, DPR has not issued any public statement or press release about the Parlier exceedance, nor disclosed what, if any, follow-up review or mitigation steps are underway. DPR has also failed to notify residents, schools, or local health officials in the affected community.
“DPR needs to take a hard look at why air levels rose at more than half of their air monitoring sites after new regulations were put in place,” said Anne Katten with California Rural Legal Assistance Foundation.
The Californians for Pesticide Reform coalition is calling on DPR to:
- Disclose what mitigation measures, if any, are being considered or implemented
- Immediately and publicly notify Parlier residents, the local school district, and county health officials of the exceedance
- Commit to real-time, proactive public notification whenever any Air Monitoring Network site exceeds a DPR action level — not passive posting of raw data
- Explain why four of six monitoring sites saw 1,3-D levels rise in 2025, and evaluate whether the current regulations and action level are adequate to protect public health.
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Californians for Pesticide Reform (CPR) is a diverse, statewide coalition of 200+ member groups working to strengthen pesticide policies in California to protect public health and the environment. Member groups include public and children’s health advocates, clean air and water groups, health practitioners, environmental justice groups, labor, education, farmers and sustainable agriculture advocates from across the state.
California Rural Legal Assistance Foundation (CRLAF) is a statewide nonprofit civil legal aid organization providing free legal services and policy advocacy for California’s rural poor, and some of the most marginalized communities–the unrepresented, the unorganized and the undocumented. CRLAF seeks to bring about social justice by working to address the most pressing needs of our community in labor, housing, education equity, healthcare access, worker safety, citizenship, immigration, and environmental justice, through education and outreach, impact litigation, legislative and administrative advocacy, and public policy leadership at the state and local level.
Lindsay, CA — Los datos de monitoreo de la calidad del aire publicados recientemente por el estado revelan que el nivel promedio anual del pesticida fumigante 1,3-dicloropropeno (1,3-D) cerca de la ciudad de Parlier, en el condado de Fresno, alcanzó 0,35 partes por mil millones (ppb) en 2025, un 31 % por encima del “nivel de acción” de 0,27 ppb establecido por el Departamento de Regulación de Pesticidas de California (DPR) como umbral para una revisión y mitigación adicional. El DPR publicó los resultados en su sitio web sin previo aviso público y aún no ha informado a la comunidad sobre el exceso ni ha anunciado la revisión de seguimiento, como lo exigen sus propias regulaciones.
“Una vez más, el Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR, por sus siglas en inglés) está ocultando malas noticias en lugar de informar a quienes respiran este aire”, declaró Ángel García, codirector de la coalición estatal Californianos por la Reforma de los Pesticidas. “Al Departamento le encanta emitir comunicados de prensa cuando las cifras bajan. Cuando superan con creces sus propios límites de seguridad, lo ocultan en una hoja de cálculo con la esperanza de que nadie se dé cuenta. Eso no es regulación, es relaciones públicas para la industria de los pesticidas”.
La red de monitoreo de la calidad del aire del DPR realiza un seguimiento del 1,3-D en seis sitios en todo el estado. Cuatro de las seis comunidades monitoreadas vieron aumentar los niveles promedio anuales en 2025 con respecto al año anterior:
- Parlier (Condado de Fresno): 0,16 ppb → 0,35 ppb (59% → 131% del nivel de acción)
- Delhi (Condado de Merced): 0,11 ppb → 0,16 ppb (40 % → 58 % del nivel de acción)
- Santa María (Condado de Santa Bárbara): 0,04 ppb → 0,07 ppb (15 % → 25 % del nivel de acción)
- Watsonville (Condado de Santa Cruz): 0,03 ppb → 0,07 ppb (10 % → 28 % del nivel de acción)
El 1,3-D está clasificado por el estado de California como carcinógeno humano y contaminante tóxico del aire. El Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR, por sus siglas en inglés) desarrolló el nivel de acción anual de 0,27 ppb específicamente como un umbral de alerta temprana, un nivel destinado a activar la revisión y la consideración de medidas de mitigación. Los residentes de Parlier, especialmente aquellos cercanos al sitio de monitoreo, respiraban aire que superaba ese límite, en una comunidad ya sobrecargada por la exposición a productos químicos agrícolas.
La preocupación se ve agravada por el hecho de que el umbral de 0,27 ppb establecido por el DPR para la revisión es casi 7 veces superior al Nivel de Riesgo No Significativo (NSRL) de 1,3-D establecido por la OEHHA, que equivale a 0,04 ppb. Los niveles de contaminación atmosférica anuales ya largo plazo en algunos de estos puntos de monitoreo superan con creces el NSRL.
Según su propio marco regulatorio, el DPR está obligado a realizar un seguimiento cuando se supera el nivel de acción. Hasta la fecha de este comunicado, el DPR no ha emitido ninguna declaración pública ni comunicado de prensa sobre el caso de Parlier, ni ha revelado qué medidas de seguimiento o mitigación se están implementando, si las hubieran. El DPR tampoco ha notificado a los residentes, las escuelas ni a los funcionarios de salud locales de la comunidad afectada.
“El Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR, por sus siglas en inglés) debe analizar detenidamente por qué aumentarán los niveles de contaminación del aire en más de la mitad de sus estaciones de monitoreo después de que se implementen las nuevas regulaciones”, dijo Anne Katten, de la California Rural Legal Assistance Foundation.
La coalición Californians for Pesticide Reform está pidiendo al DPR que:
- Divulgue qué medidas de mitigación, si las hay, se están considerando o implementando.
- Notificar de inmediata y públicamente a los residentes de Parlier, al distrito escolar local y a los funcionarios de salud del condado sobre el exceso de límites.
- Comprométase a realizar notificaciones públicas proactivas y en tiempo real siempre que cualquier sitio de la Red de Monitoreo del Aire supere un nivel de acción DPR, en lugar de publicar datos sin procesar de forma pasiva.
- Explique por qué cuatro de los seis centros de monitoreo registraron un aumento en los niveles de 1,3-D en 2025, y evalúe si las regulaciones y el nivel de acción actual son adecuados para proteger la salud pública.
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Californians for Pesticide Reform (CPR) es una coalición diversa a nivel estatal compuesta por más de 200 grupos miembros que trabajan para fortalecer las políticas sobre pesticidas en California con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente. Entre los grupos miembros se incluyen defensores de la salud pública e infantil, grupos que promueven el aire y el agua limpio, profesionales de la salud, grupos de justicia ambiental, sindicatos, instituciones educativas, agricultores y defensores de la agricultura sostenible de todo el estado.
La Fundación de Asistencia Legal Rural de California (CRLAF) es una organización estatal sin fines de lucro que brinda asistencia legal civil gratuita y promueve políticas públicas para la población rural pobre de California y algunas de las comunidades más marginadas: las personas sin representación legal, las que no están organizadas y las indocumentadas. CRLAF busca lograr la justicia social trabajando para abordar las necesidades más apremiantes de nuestra comunidad en materia laboral, de vivienda, equidad educativa, acceso a la atención médica, seguridad laboral, ciudadanía, inmigración y justicia ambiental, a través de la educación y la divulgación, litigios de impacto, defensa legislativa y administrativa, y liderazgo en políticas públicas a nivel estatal y local.